630 visitas en total, 2 visitas hoy
Las organizaciones abajo firmantes, apoyamos las acciones que buscan fortalecer el
proceso hacia un Tratado vinculante para regular las actividades de las empresas
transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.
Muchos de nuestros territorios, comunidades, bienes comunes y derechos se han visto
vulnerados por las acciones y los intereses de Empresas Transnacionales y otras empresas
que, mediante sus abusos, destruyen la vida humana y del planeta. En Colombia, el poder
empresarial y los abusos corporativos se presentan en todos los ámbitos de la vida social:
capturan el Estado para que este funcione en pos de los intereses corporativos; suspenden
contratos laborales y violan los derechos de los y las trabajadoras; acaparan tierras;
contaminan nuestras aguas, aire, y suelos; imponen una dieta corporativa basada en el
consumo de comida chatarra o Productos Comestibles Ultraprocesados (en adelante:
PCUs), enfermando con ellos nuestros cuerpos; hacen negocio con nuestras semillas;
estigmatizan y criminalizan a las organizaciones sociales y toda aquella persona que se
atreva a denunciar esos abusos.
Esta situación se ha visto exacerbada con la pandemia del Covid-19, que evidenció y/o
agravó los graves problemas estructurales que afronta Colombia: la desigualdad social, el
hambre y la pobreza creciente; la crisis e inoperancia del Estado para cuidar nuestra salud;
el favorecimiento que reciben las empresas en materia fiscal, lo cual afecta las finanzas
públicas y obliga a imponer más impuestos al pueblo; la ausencia de políticas públicas
alimentarias con enfoque del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria; y los
claros favorecimientos que el Estado da al sector empresarial en contra de los derechos de
la gente.
No satisfechos con ello, el Gobierno y las empresas han culpado al pueblo movilizado e
indignado de ser el responsable del hambre, la contaminación y la crisis económica actual.
En efecto, quienes nos hemos movilizado en favor de la soberanía alimentaria, el ambiente
y la vida digna, somos acusados de afectar la economía nacional.
Ante este panorama, el Tratado vinculante busca regular las actividades de las Empresas
Transnacionales y otras empresas. Esta iniciativa inició en 2014, cuando varias
organizaciones sociales presionaron a los Estados en las Naciones Unidas para que
iniciaran un proceso de negociación crucial sobre un tratado internacional destinado a
garantizar justicia para los pueblos afectados por violaciones corporativas y prevenir y
abordar el comportamiento dañino de los actores económicos. Como consecuencia, se creó
el Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en
inglés) cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante que
obligue a las empresas a cumplir los DDHH, abarque la responsabilidad jurídica empresarial
a lo largo de las cadenas globales de suministro, sancione a los responsables de las
vulneraciones, de superioridad a los DDHH sobre los tratados comerciales y disponga el
acceso a la justicia para las comunidades afectadas, tales como la inversión de la carga de
la prueba, y fondos para los gastos legales de los afectados.
Hoy, 15 de marzo de 2022, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, el Presidente de
las negociaciones presentará el informe de la última sesión. Por tal razón, hacemos un
llamado al gobierno colombiano para que apoye este tipo de iniciativas que van a favor de
los derechos de las comunidades, los cuales prevalecen y están por encima de la ambición
corporativa. Así mismo, le hacemos la exigencia de una regulación al poder corporativo que
no sea permisiva con sus intereses, por lo cual la actualización del Plan Nacional de
Empresas y DDHH debe contar con la participación y la voz de quienes han sido afectados
por las empresas. De igual forma, demandamos al congreso actual y futuro a legislar a favor
de los DDHH de las comunidades y no de los intereses corporativos. El Estado colombiano
debe proteger la vida y la dignidad de sus comunidades.
Firman:
Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
FIAN Colombia
Asociación departamental de comunidades negras residentes en La Guajira Luis Antonio
Robles
Grupo de investigación en política y derecho ambiental de la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá
Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales Prodeter
Red de Pueblos Hermanos de Boyacá
Asociación CAMBIUM
Pax Christi International-Programa A. Latina y Caribe
Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
Observatorio de los Derechos de la Naturaleza
Nodo Colombia – Red Iglesias y Minería
Pensamiento y Acción Social, PAS
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC
Comité Ambiental en Defensa de la Vida Tolima
Comisión Colombiana de Juristas
Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime
Comité Socio Ambiental y Juvenil de Cajamarca COSAJUCA
Observatorio de Expansión Minero Energética y Re-existencia
Alberto Villarreal
Jhenifer Mojica Florez