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Respaldamos el Tratado Vinculante y sus avances para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas

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    Las organizaciones abajo firmantes, apoyamos las acciones que buscan fortalecer el
    proceso hacia un Tratado vinculante para regular las actividades de las empresas
    transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.
    Muchos de nuestros territorios, comunidades, bienes comunes y derechos se han visto
    vulnerados por las acciones y los intereses de Empresas Transnacionales y otras empresas
    que, mediante sus abusos, destruyen la vida humana y del planeta. En Colombia, el poder
    empresarial y los abusos corporativos se presentan en todos los ámbitos de la vida social:
    capturan el Estado para que este funcione en pos de los intereses corporativos; suspenden
    contratos laborales y violan los derechos de los y las trabajadoras; acaparan tierras;
    contaminan nuestras aguas, aire, y suelos; imponen una dieta corporativa basada en el
    consumo de comida chatarra o Productos Comestibles Ultraprocesados (en adelante:
    PCUs), enfermando con ellos nuestros cuerpos; hacen negocio con nuestras semillas;
    estigmatizan y criminalizan a las organizaciones sociales y toda aquella persona que se
    atreva a denunciar esos abusos.

    Esta situación se ha visto exacerbada con la pandemia del Covid-19, que evidenció y/o
    agravó los graves problemas estructurales que afronta Colombia: la desigualdad social, el
    hambre y la pobreza creciente; la crisis e inoperancia del Estado para cuidar nuestra salud;
    el favorecimiento que reciben las empresas en materia fiscal, lo cual afecta las finanzas
    públicas y obliga a imponer más impuestos al pueblo; la ausencia de políticas públicas
    alimentarias con enfoque del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria; y los
    claros favorecimientos que el Estado da al sector empresarial en contra de los derechos de
    la gente.

    No satisfechos con ello, el Gobierno y las empresas han culpado al pueblo movilizado e
    indignado de ser el responsable del hambre, la contaminación y la crisis económica actual.
    En efecto, quienes nos hemos movilizado en favor de la soberanía alimentaria, el ambiente
    y la vida digna, somos acusados de afectar la economía nacional.
    Ante este panorama, el Tratado vinculante busca regular las actividades de las Empresas
    Transnacionales y otras empresas. Esta iniciativa inició en 2014, cuando varias
    organizaciones sociales presionaron a los Estados en las Naciones Unidas para que
    iniciaran un proceso de negociación crucial sobre un tratado internacional destinado a
    garantizar justicia para los pueblos afectados por violaciones corporativas y prevenir y
    abordar el comportamiento dañino de los actores económicos. Como consecuencia, se creó
    el Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en
    inglés) cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante que
    obligue a las empresas a cumplir los DDHH, abarque la responsabilidad jurídica empresarial
    a lo largo de las cadenas globales de suministro, sancione a los responsables de las
    vulneraciones, de superioridad a los DDHH sobre los tratados comerciales y disponga el
    acceso a la justicia para las comunidades afectadas, tales como la inversión de la carga de
    la prueba, y fondos para los gastos legales de los afectados.

    Hoy, 15 de marzo de 2022, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, el Presidente de
    las negociaciones presentará el informe de la última sesión. Por tal razón, hacemos un
    llamado al gobierno colombiano para que apoye este tipo de iniciativas que van a favor de
    los derechos de las comunidades, los cuales prevalecen y están por encima de la ambición
    corporativa. Así mismo, le hacemos la exigencia de una regulación al poder corporativo que
    no sea permisiva con sus intereses, por lo cual la actualización del Plan Nacional de
    Empresas y DDHH debe contar con la participación y la voz de quienes han sido afectados
    por las empresas. De igual forma, demandamos al congreso actual y futuro a legislar a favor
    de los DDHH de las comunidades y no de los intereses corporativos. El Estado colombiano
    debe proteger la vida y la dignidad de sus comunidades.

    Firman:

    Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
    FIAN Colombia
    Asociación departamental de comunidades negras residentes en La Guajira Luis Antonio
    Robles
    Grupo de investigación en política y derecho ambiental de la Universidad Nacional de
    Colombia sede Bogotá
    Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales Prodeter
    Red de Pueblos Hermanos de Boyacá
    Asociación CAMBIUM
    Pax Christi International-Programa A. Latina y Caribe
    Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
    Observatorio de los Derechos de la Naturaleza
    Nodo Colombia – Red Iglesias y Minería
    Pensamiento y Acción Social, PAS
    Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
    Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC
    Comité Ambiental en Defensa de la Vida Tolima
    Comisión Colombiana de Juristas
    Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime
    Comité Socio Ambiental y Juvenil de Cajamarca COSAJUCA
    Observatorio de Expansión Minero Energética y Re-existencia
    Alberto Villarreal
    Jhenifer Mojica Florez