Formuladas por la FAO en 2004, con la participación durante de organizaciones de derechos humanos, sociales y campesinas, entre ellas FI, estas Directrices establecen los mínimos en los que los Estados deberían avanzar en favor del DHANA. Más allá de si los Estados han progresado o no desde entonces en la aplicación de estas Directrices, se ha evidenciado su utilidad en los procesos de exigibilidad y monitoreo del DHANA que realizan las organizaciones sociales y de derechos humanos.
