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A raíz de la publicación del informe Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook (en adelante: Hunger Hotspots), la opinión pública nacional e internacional ha atestiguado la escenificación en Colombia de un bochornoso espectáculo.
Por un lado, el Estado colombiano, responsable de serias violaciones a los derechos humanos, entre ellas al derecho humano a la alimentación adecuada, negando la grave situación alimentaria que atraviesa el país y las personas que en él habitan.
De otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), en cabeza de su Representante en Colombia, el Sr. Alan Jorge Bojanic, tratando de invalidar o relativizar los análisis y advertencias que expertos de su propia agencia y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) habían plasmado, en ese informe, sobre la situación y riesgos en materia de inseguridad alimentaria aguda en Colombia.
Tanto la postura negacionista del Estado, como las condescendientes maneras con que el representante de la FAO hizo eco de la molestia del Gobierno, fue evidenciada en la rueda de prensa llevada a cabo el 31 de enero del año en curso[1].
En este texto analizaremos los argumentos del representante de la FAO que, aunque desafortunados, nos permitirán ratificar cuán grave es la situación alimentaria del país; algo que ya hicimos en el libro “Un país que se hunde en el Hambre: cuarto informe sobre la situación del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas en Colombia/2021”, lanzado en octubre del año pasado[2].
Antes de eso es preciso explicitar algunas características del informe objeto de la irritación gubernamental: i) no es la primera vez que la FAO y el PMA publican un documento de estas características; ii) por lo que se entiende de su lectura, el Hunger Hotspots es elaborado con base en un “estricto conjunto de parámetros metodológicos” y un proceso de análisis que involucran a equipos de esas organizaciones en Roma, en el terreno (Colombia), al igual que a analistas especializados en conflictos, riesgos económicos y crisis naturales[3]; iii) el informe busca alertar a los Estados, agencias y otros actores, con base en esos parámetros y análisis, sobre cuáles países presentan un alto riesgo de ver agravada su inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses; y, iv) pretende también guiar las acciones tanto estatales como de las agencias internacionales y los órganos de cooperación en DDHH.
En síntesis, es un informe elaborado por especialistas que indica cuáles países tienen riesgo de empeorar su inseguridad alimentaria aguda, recomienda acciones y guía la asistencia internacional. Es decir, un documento técnico, basado en evidencia y en los conocimientos de las agencias, que no tiene como misión recoger informes de gestión o auto propaganda de los gobiernos. Esto es muy importante porque devela cuán desfasados fueron los reclamos de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la rueda de prensa, en el sentido de que el informe no recogía todo lo que ha hecho este gobierno por la alimentación en el país. No sobra insistir: “Señora Vicepresidenta y Canciller, era un informe de riesgo, no de gestión gubernamental”
Ahora bien, entre los problemas/riesgos que son factores disparadores o impulsores de una posible agudización de la inseguridad alimentaria aguda, el Hunger Hotspots menciona los siguientes: crisis económica en los países y/o su exacerbación como resultado de la pandemia del COVID-19 y las acciones estatales generadas para enfrentarla; conflicto y violencia; inestabilidad política; aumento de precios de los alimentos; y, problemas climáticos. Con base en estos riesgos y otros datos y proyecciones (como por ejemplo las cifras previas y tendencias de la inseguridad alimentaria aguda), fue que el Hunger Hotspots señaló en cuáles países dicha inseguridad podría agravarse en los próximos meses.
Dicho esto, surgen varias preguntas: i) ¿hay alguna duda de que estos problemas o riesgos, por sí solos, no puedan empeorar la situación alimentaria de un país?; ii) ¿puede acaso objetarse que la conjunción de estos problemas no empeoren o amenacen aún más la alimentación de los pueblos?; iii) ¿existe algún colombiano o colombiana que se atreva a negar que en el país el conflicto y la violencia se han recrudecido, que ha aumentado el precio de los alimentos, que se ha reducido la capacidad adquisitiva de la población, y que estamos inmersos en una crisis económica?[4]; y, iv) por lo anterior, ¿puede negarse entonces la validez del informe objeto de debate, siendo que justo son esos algunos de los factores que han sido calificados como disparadores de un eventual agravamiento de la crisis alimentaria?
En efecto, para el caso específico de Colombia, el Hunger Hotspots, destacó que los factores claves que pueden agravar su inseguridad alimentaria aguda son la inestabilidad política y social, los efectos económicos de la pandemia, los desafíos económicos del país (entre los que destaca la alta tasa de desempleo, inflación y pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares), y los impactos de la crisis migratoria y el desplazamiento forzado[5].
Respecto a este último punto, el Hunger Hotspots resaltó que los altos niveles de desplazamiento forzado podrían continuar debido al conflicto y ataques violentos derivados del retraso en el cumplimiento de los acuerdos de paz, las protestas sociales y las disrupciones económicas. Además, alerta sobre otro asunto preocupante: las altas restricciones que existen en el país para el acceso a la ayuda humanitaria, algo que avizoran empeorará en las zonas afectadas por el conflicto. Al respecto, también nos recuerdan que 7,3 millones de colombianos y colombianas están en inseguridad alimentaria y con necesidad de asistencia alimentaria. En sentido parecido, el informe indica que 1,1 millón de migrantes venezolanas y venezolanos (lo que equivale al 64% de migrantes de esa procedencia), también están en igual situación[6].
Desde nuestro punto de vista, nada de lo expresado por FAO-PMA en el documento es falso e, incluso, como veremos en breve al analizar la postura del Representante en el país de la FAO luego de la regañina gubernamental, existen graves violaciones del derecho a la alimentación en Colombia que se expresan, sin ser las únicas, en la inseguridad alimentaria de la que alerta el informe.
En todo caso, si hubiera algo que objetar al Hunger Hotspots, es en el campo de las recomendaciones emitidas. Más allá de haber sugerido el suministro de insumos, asistencia técnica, la entrega de transferencias en efectivo y ayuda alimentaria, y el apoyo a las personas migrantes y comunidades de acogida, el documento no llamó la atención sobre las acciones mínimas que deberían desarrollarse para superar los condicionantes estructurales de las violaciones del derecho a la alimentación en Colombia[7], así se hubieran circunscrito estas, específicamente, a la inseguridad alimentaria.
Ahora bien, siendo que el Hunger Hotspots dio una voz de alerta a Colombia sobre un posible agravamiento de la inseguridad alimentaria aguda, y los problemas que justificaron la alarma realmente existen en el país, son totalmente incomprensibles las excusas y respuestas que el Representante de la FAO dio, en la rueda de prensa, al Gobierno.
Entre las cosas que afirmó está que el informe tenía “otras intencionalidades” y “que era un informe para llamar la atención sobre la inseguridad alimentaria de algunas poblaciones en el territorio, especialmente migrantes venezolanos”, además, inmediatamente, expresó “que el mapa que se presentó (…) no ayudó mucho con ese objetivo (sic) y hace parecer que Colombia está en una situación similar que otros países que están en una situación de inseguridad crónica porque el informe es solo para inseguridad aguda”[8]
Sobre este momento del pronunciamiento del Sr. Bojanic, hay que destacar varias contradicciones y afirmaciones. En primer lugar, contrario a lo que él afirma, sí es claro el objetivo del informe: alertar sobre países (no exclusivamente sobre poblaciones específicas aun cuando se hable de ellas no solo para el caso colombiano) que en los próximos meses pueden ver agravada su inseguridad alimentaria aguda. Al manifestar que era para llamar la atención sobre la situación de la población migrante, como si fueran las únicas personas en el país con inseguridad alimentaria aguda, está afirmando algo que va contra lo narrado en el propio informe. De hecho, el documento es claro al señalar que en el país hay 7,3 millones de colombianos y colombianas con inseguridad alimentaria y con necesidad de asistencia alimentaria, y aproximadamente 1,1 millón de migrantes en situación similar[9]. Es decir, Colombia sí tiene que aparecer en el mapa y no debió, el Representante, haber tratado de confundir a quienes le escuchaban diciendo que estuvo mal el asunto porque nos colocaba (en el mapa) en una situación similar a otros países con inseguridad crónica.
Cabe además recordar, porque parece que el Representante de la FAO aún no ha sido informado al respecto, que el 54,2% de los hogares colombianos tiene inseguridad alimentaria, según las cifras de la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN del 2015[10]. Además, el propio DANE señaló que en los 14 primeros meses de la pandemia 1,6 millones de familias redujeron sus comidas a sólo dos por día[11]. Independientemente de en qué proporción la inseguridad alimentaria reportada por el ENSIN fuera aguda o crónica, ¿sacamos a estas personas de los mapas?, ¿le exigimos a quienes elaboraron la ENSIN eliminar los datos gráficos consignados en esa encuesta?, ¿acaso olvidaron que tras los fríos números y estadísticas están seres humanos que sufren el hambre? Respecto a la encuesta, debe destacarse que el actual gobierno ha sido incapaz de adelantar una nueva, lo que es en cierta manera comprensible cuando desde esas instancias de poder se procura hacer ver ante el propio país y la comunidad internacional, que en Colombia no se aguanta hambre o que esto es un asunto marginal.
En otro aparte de su intervención, el Representante de la FAO indicó que reconocía “los grandes esfuerzos del gobierno colombiano en materia de seguridad alimentaria”, que “el informe no los refleja”, y que “la intención del informe era poder atraer recursos para justamente apoyar el tema de la alimentación de los migrantes, pero la forma en que fue presentada no fue la mejor”[12].
Sobre esto debe recordarse, como ya se dijo, que el informe tiene un fuerte cariz técnico y de alerta, y no se trataba, en ningún caso, de un informe de gestión. Por lo tanto, no tenía como objetivo divulgar las “grandes acciones” relatadas en la rueda de prensa por los funcionarios estatales, misión que le compete más bien, Sr. Bojanic, a las oficinas de prensa del gobierno o a los informes de gestión institucionales. Cabe además preguntarse si esta supuesta omisión es otro de los terribles fallos que, de creer en los “argumentos” del Representante, habrían lógicamente cometido los equipos de especialistas y técnicos que no solo en Colombia intervinieron en la elaboración del informe. De ser cierto, es un error sistemático de esos equipos que se retrotrae a los informes anteriores y a los demás países.
En lo atinente a la otra intención revelada del informe (atraer recursos para la población migrante afectada por inseguridad alimentaria), uno supondría, de creer en tanto absurdo expuesto en la rueda de prensa, que las agencias y gobiernos deberán optar por reducir sus apoyos para el tema alimentario al gobierno colombiano, y enfocarlos en la población migrante ya que la inseguridad alimentaria se concentra preferentemente en ella… eso si, insistimos, hemos de creerle al Representante de la FAO en torno a que el informe no reflejaba la realidad del país (algo en lo que insitió varias veces) y que exageró las cosas.
Sin embargo, como lo hemos expuesto, esa ayuda sí es vital porque nuestro Estado ha sido totalmente incapaz de eliminar el hambre en Colombia (salvo cuando pide que de un plumazo se borre de un mapa). Millones de personas requieren esa ayuda como el propio informe manifestó. Con lo dicho, en lo que a esta parte respecta, lo que podría afectar más a las donaciones de recursos son los argumentos del propio Representante, que lo expresado por el informe mismo.
También el Sr. Bojanic manifestó en la rueda de prensa, ante la mirada vigilante y aquiescente de la Vicepresidenta, que otros países que están en igual o peor situación al nuestro no aparecen en el Hunger Hotspots porque no entregaron su información. Luego afirmó que informes como estos deberían ser antes consultados [con el gobierno].
El hecho de que no se haya reflejado en el Hunger Hotspots información sobre otros países es, para efectos del debate generado, hasta cierto punto, irrelevante. Es más, sin importar qué tantos otros países podrían haber aparecido en el informe, los criterios analíticos que en él se usaron harían que siempre Colombia quedará alertada.
En lo que tiene que ver con la consulta previa que estos informes deberían tener en el gobierno, tal como sugiere el Representante, la sensación que queda es la de un funcionario de una importante agencia, capitulando y replegado, poniendo en tela de juicio la neutralidad e independencia de su agencia. Si bien es potestativo buscar información y contrastarla con los Estados, de ninguna manera se puede ceder ante las exigencias de los gobiernos en el sentido de cambiar las conclusiones fundamentales de un informe, borrar de un mapa de alerta a un país, y exigir el cambio de sentido de los documentos.
Sobre el conjunto de argumentos dados por el Representante de la FAO, podemos dejar en el aire dos bloques de preguntas que cualquier persona puede responder. De una parte, ¿qué tanto son independientes las agencias de Naciones Unidas frente al poder acallador de los Estados que violan derechos humanos (recuerden que el hambre es una de las muchas formas como se viola el derecho humano a la alimentación)?; de creerle aunque sea un poco al Representante, en el sentido de los supuestos errores garrafales del informe, ¿no implicaría por lo tanto dudar absolutamente de los equipos técnicos, personal de campo y especialistas que intervinieron en este informe, así como de su rigor metodológico, honestidad y experticia?; y si no fueron incompetentes, ¿significa que solo se equivocaron por obra del azar para el caso colombiano y los supuestos fallos no ocurrieron en el análisis de otros países y en otras ocasiones?; ¿quién en realidad no es idóneo tras este escandaloso episodio?
Respecto al contenido y objetivo del informe: si está tan mal ¿no deberían las agencias y otros gobiernos considerar reducir sus apoyos al gobierno colombiano pues, según el representante de la FAO y el Gobierno, la inseguridad alimentaria no es un asunto que afecte al país sino preferentemente a los y las migrantes?; ¿esto implicaría, quizás, reducir los proyectos y convenios firmados, así como el personal contratados por/en FAO y PMA en Colombia? ¿verdad?
Quisiéramos concluir con lo siguiente:
- Para FIAN Colombia, SIN LA MÁS MÍNIMA DUDA, Colombia enfrenta graves violaciones de su derecho a la alimentación, que se manifiestan, por ejemplo, en la inseguridad alimentaria. Las propias cifras del Estado lo han mostrado una y otra vez, por ejemplo en las encuestas ENSIN (2005, 2010, 2015).
- Esas vulneraciones afectan tanto a la población colombiana como a la población migrante. Tratar de presentar que el problema alimentario se concentra especialmente en estos últimos, es no solo una manera de borrar del mapa el hambre que sufre el país de acogida, sino también revictimizar a las personas migrantes.
- Todas las personas que habitan el país, sin importar su origen y estatus migratorio, tienen el derecho a la realización plena de su derecho a la alimentación, y el Estado, a cumplir sus obligaciones jurídicas y éticas con el mismo. Por eso mismo, a recibir las ayudas que sean necesarias y a reconstruir sus vidas y pronta autonomía, para romper con la trampa de la pobreza, el hambre y el asistencialismo
- El informe Hunger Hotspots es sumamente relevante más allá de que consideremos que el apartado de recomendaciones es débil. Por lo tanto, es una importante guía para alertar sobre los riesgos de agravamiento de la inseguridad alimentaria aguda, y la necesidad de movilizar los recursos y apoyos que sean necesarios para anticipar/enfrentar esa crisis.
- En todo caso, el asistencialismo alimentario debe ser el último recurso en el largo camino que tienen los Estados y la comunidad internacional hacia el avance en la realización del derecho a la alimentación; es decir, son necesarias otras medidas.
- Entre estas medidas están superar los condicionantes estructurales del hambre y las otras formas de violación del derecho a la alimentación; avanzar hacia políticas públicas alimentarias con enfoque de derechos humanos y soberanía alimentaria, por lo tanto, construidas con una amplia participación de los y las titulares de derechos; y, cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz.
- Rechazamos las presiones del gobierno dirigidas a alterar el sentido del informe y su importancia, así como el esfuerzo que, ya se hizo explícito, de borrar del mapa del hambre a Colombia. Creemos que es un intento del gobierno de ocultar su gran responsabilidad en la tragedia alimentaria del país y su papel en las violaciones del derecho a la alimentación.
- Consideramos que el papel de las agencias de Naciones Unidas, particularmente la FAO y el PMA es muy relevante para el país. Sabemos muy bien que en estas agencias hay personas con capacidades y experticias que enaltecen a sus instituciones, comprometidas con la transformación de las crudas realidades que a veces tratan de transformar, que se molestan ante la presión de los gobiernos de turno, y que por supuesto deben estar avergonzadas con lo ocurrido. Para ellas y ellos nuestra admiración, respeto y comprensión.
[1] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zZHzkvzjUBo
[2] Disponible en: https://fiancolombia.org/wp-content/uploads/Cuarto-Informe-Alimentacio%CC%81n-2021.-Un-pai%CC%81s-que-se-hunde-en-el-hambre..pdf
[3] WFP and FAO. 2022. Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook. Rome. p: 7. Disponible en: https://doi.org/10.4060/cb8376en
[4] Los medios de comunicación están difundiendo por estos días varias notas sobre los problemas que vive Colombia frente al conflicto, desempleo, inflación, carestía de alimentos, entre otros. Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/defensoria-registro-145-asesinatos-de-lideres-sociales-en-2021-645553 https://www.elespectador.com/economia/desempleo-en-colombia-fue-del-137-en-2021/ https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/inflacion-en-colombia-cerro-el-2021-en-562/ https://www.bloomberglinea.com.co/2021/12/11/el-precio-de-los-alimentos-esta-por-las-nubes-en-colombia-a-que-se-debe/
[5] WFP and FAO. 2022. Op. Cit. p: 19.
[6] Ibíd.
[7] Por ejemplo: respetar el acuerdo de paz y cumplir con los compromisos relacionados con el tema rural y alimentario; construir normas y políticas públicas en materia alimentaria con verdadero enfoque de derechos humanos (que implica una participación amplia de los y las titulares de derechos y sus organizaciones); proteger y apoyar la producción y consumo interno de alimentos verdaderos (como contramedida a las dietas corporativas que impone y masifica la industria a través del los productos comestibles ultraprocesados); implementar una política de alimentación escolar universal basada en derechos humanos; generar políticas para fomentar el empleo digno; impulsar reformas tributarias basadas en la justicia fiscal, entre muchas otras.
[8] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=zZHzkvzjUBo
[9] WFP and FAO. 2022. Op. Cit. p: 19.
[10] Ministerio de Salud y Protección Social et al. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. ENSIN 2015. Bogotá. 2019. Versión 2. p: 136.
[11] DANE. Encuesta Pulso Social. Resultados Séptima Ronda. Febrero 2021. Disponible en: https://bit.ly/3z5j7OQ
[12] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=zZHzkvzjUBo