Como parte del proceso de exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación, se impulsan ejercicios de monitoreo ciudadano del cumplimiento de la ley y de las resoluciones regulatorias en los ambientes alimentarios. A través de acciones de control social, la ciudadanía organizada visita supermercados y otros puntos de venta para verificar si se están cumpliendo las disposiciones vigentes —como el etiquetado frontal de advertencia, la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes y los impuestos saludables—. Este monitoreo permite documentar incumplimientos, generar evidencia pública y fortalecer la capacidad de la sociedad civil para exigir a las autoridades sanitarias y de control la correcta implementación de la normativa, contribuyendo así a la protección efectiva del derecho a una alimentación adecuada.