685 visitas en total, 2 visitas hoy
Un informe alterno elaborado por el Mecanismo de la Sociedad Civil, del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, exalta el papel que han tenido organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia en la elaboración y respaldo a iniciativas legislativas que buscan enfrentar las altas tasas de obesidad y malnutrición en el país. En el país el 56,4% de los adultos padece sobrepeso u obesidad. Un incremento de cinco puntos porcentuales con respecto a 2010, según la última Encuesta Nutricional de Salud (ENSIN 2015).
“En Colombia, las OSC y los defensores de derechos humanos, incluidos FIAN Colombia, Red PaPaz, Educar Consumidores, DeJusticia y académicos de la Universidad Javeriana, han estado abogando por propuestas legislativas en el Congreso de Colombia con el fin de afrontar las altas tasas de obesidad por medio de: i) la reglamentación de la publicidad y el marketing de productos alimentarios ultraprocesados dirigidos a niños y adolescentes (proyecto de ley 022/2017), y ii) la introducción de etiquetado en la parte frontal del paquete y advertencias sanitarias (proyecto de ley 019/2017)”, reza el informe titulado “ Informe de la Sociedad Civil Acerca del Uso y la Aplicación de las Directrices sobre Derecho a la Alimentación”
El documento, en cuya elaboración intervino FIAN Colombia, y que fue lanzado hoy en Roma al tiempo que el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO presentaba su avance en la implementación de las directrices sobre el derecho a la alimentación en el mundo, también menciona las diversas dinámicas de lobby e interferencia de gremios pertenecientes a industria de bebidas y comestibles ultraprocesados en el proceso legislativo para la adopción de políticas de salud pública.
“Lamentablemente, el proyecto de ley 022/2017 ha sido archivado por la Cámara de Representantes, y el 019/2017 ha sido cooptado como resultado de la presión de la industria, los medios de comunicación y las asociaciones de agencias de publicidad”, señala.
La interferencia de la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas impidió que estos dos proyectos de ley -que buscaban proteger los derechos humanos a la salud, la información y alimentación de las y los colombianos a través de la instauración de medidas legislativas en pro de la salud pública- avanzan en el Congreso de la República, en perjuicio de los derechos humanos de la población colombiana por evidentes conflictos de interés de las industrias.
Conoce más en el “Agridulce Imperio del Lobby en el Congreso de Colombia” https://cerosetenta.uniandes.edu.co/lobby-azucar/
La paz en Colombia y derecho a la alimentación.
En otro frente, a instancias de lo expuesto por FIAN Colombia, el informe también señaló la oportunidad que representa para el país el Acuerdo de Paz en la medida que quedó acordado poner en marcha un Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación.
“Los Acuerdos de Paz incluyen la reforma rural integral, que reduciría la brecha entre los centros urbanos y las zonas rurales empobrecidas y abandonadas del país, así como disposiciones que garantizan el derecho a la alimentación de las poblaciones rurales a nivel nacional y subnacional y apoyan una producción y mercados locales y regionales fuertes. El Gobierno de Colombia ha designado a varias partes, incluidas La Vía Campesina, la Unión Europea, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a efectos de respaldar la reforma rural integral y monitorear su aplicación, aunque la fase de monitoreo no ha comenzado aún”, menciona el informe.
Para acceder al informe consulta acá: