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Se necesita una respuesta política coordinada para hacer frente a la nueva capa de la crisis alimentaria mundial

• A través de una carta dirigida al Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA) de la ONU, el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas
(MSCPI) pidió una Sesión Plenaria Extraordinaria para abordar el nuevo nivel de la
crisis alimentaria mundial.

• Las soluciones propuestas hasta ahora son insuficientes y se quedan cortas para una
verdadera transformación que evite futuras crisis.


Roma, Italia. 07 de abril de 2022. La guerra en Ucrania está creando una nueva capa de crisis
alimentaria mundial que se suma a las crisis existentes derivadas de los efectos de la pandemia
del COVID-19, de los múltiples conflictos y crisis prolongadas, de las profundas desigualdades y
del cambio climático. Por este motivo, el Comité de Coordinación del CSIPM solicitó una Sesión
Plenaria Extraordinaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, a través de
una Carta Abierta dirigida a su Presidente Gabriel Ferrero, Embajador en Misión Especial para la
Seguridad Alimentaria Mundial de España.

Esta Sesión Plenaria Extraordinaria del CSA deberá tener como objetivo abordar la crisis
acumulada reuniendo los puntos de vista y las demandas de todos los países, comunidades y
actores afectados para construir una respuesta política global coordinada.

En la carta, el MSCPI señala que la nueva capa afecta especialmente a los países de ingresos
bajos y medios que dependen de las importaciones de alimentos. Es el caso, por ejemplo, de los
países de Oriente Medio y el Norte de África, cuyos sistemas de producción local se han
debilitado en las últimas décadas y dependen ahora en gran medida de las importaciones de
alimentos, en particular de trigo procedente de Ucrania y Rusia, por lo que la guerra y el
aumento de los precios son un importante factor de desestabilización.

A nivel mundial, los precios de los alimentos ya llevan tiempo subiendo y este aumento no es
sólo el resultado de una escasez de producción de alimentos, como han afirmado algunas
instituciones de la ONU, los países agroexportadores y las empresas agroindustriales. Por el
contrario, se asocia principalmente a una serie de factores como la pandemia de COVID-19, las
interrupciones en la cadena de suministro, la concentración de poder en las cadenas de
suministro, el aumento de los precios de la energía, el incremento de las injusticias sociales y la
pobreza, así como los desastres climáticos, agravados por la financiarización de la alimentación y
la agricultura y la especulación.

Este aumento ha tenido efectos devastadores en la inflación de los precios de los alimentos y en el derecho a la alimentación de las comunidades marginadas, especialmente en los países de
bajos ingresos que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos y de la agricultura,
y en los países en conflicto prolongado que dependen de la ayuda alimentaria
humanitaria.

Además, el actual sistema alimentario agroindustrial mundial depende en gran medida de los
combustibles fósiles. Los precios de los alimentos están directamente vinculados a los precios de
la energía basada en los combustibles fósiles, por ejemplo, a través del aumento de los costes de
los fertilizantes y otros insumos, del transporte y del aumento de la producción de
agrocombustibles.

Otra faceta de esta crisis en desarrollo es la creciente competencia entre piensos y alimentos.
Rusia y Ucrania son grandes exportadores de maíz, pero sólo un 12% aproximadamente del maíz
se consume para la alimentación, mientras que aproximadamente el 60% se destina a la
alimentación del ganado. Los esfuerzos inmediatos para responder a la crisis de los piensos,
como la asignación de más tierras para aumentar la producción de piensos, sin cuestionar las
profundas y múltiples problemáticas del sector de la ganadería intensiva, ejercerán aún más
presión sobre la diversidad de la producción y el consumo agrícola y alimentario que más
interesa a las sociedades de las distintas regiones del mundo.

Además, hay una narrativa creciente que enfatiza la necesidad de un enfoque más productivista
de la agricultura, en lugar de apoyar a los agricultores familiares de pequeña escala. También han
aumentado las subvenciones estatales en muchos casos para los fertilizantes, en lugar de apoyar
los enfoques respetuosos con el medio ambiente o la agroecología. Estos aspectos, junto con la
altísima huella de carbono de la guerra, son una amenaza mayor para nuestro planeta y factores
agravantes de la crisis climática.

En este momento, vemos muchos ingredientes para una creciente crisis mundial de los precios de
los alimentos: la crisis energética, la especulación internacional y nacional, el aumento de los
costes de producción y la concentración de poder por parte de sólo un puñado de actores en el
comercio de cereales, la producción de fertilizantes y el transporte marítimo que controlan el
comercio internacional. Además, la normativa vigente que regula los mercados mundiales es
asimétrica: es más estricta para los importadores que para los exportadores, ya que los países
exportadores pueden decidir fácilmente gravar o limitar las exportaciones durante una crisis.
Los sectores del MSCPI ponen de relieve que no se trata de una crisis de producción a la que
haya que hacer frente con las recetas de la agroindustria. Es una capa más de una crisis sistémica
que ya había generado hambre y malnutrición anteriormente. La narrativa agroindustrial, con su
estrecho enfoque en el aumento de la producción a cualquier precio, las cadenas de valor
globales y las soluciones a corto plazo, no aborda las causas estructurales y complejas de las
crisis entrelazadas, los conflictos, las desigualdades y el colapso climático.

El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas hace un llamamiento urgente para
reorientar los esfuerzos hacia una profunda transformación de los sistemas alimentarios con la
agroecología campesina, la soberanía alimentaria y los derechos humanos en el centro. Muchos
países necesitan reorientar sus estrategias económicas para dejar de depender de las cadenas de
valor globales y buscar verdaderas estrategias de diversificación económica, con los sistemas
alimentarios locales en el centro.

Esto sólo puede concebirse a través de una gobernanza alimentaria mundial fuerte e inclusiva,
con el CSA en el centro, como la plataforma intergubernamental más inclusiva para la seguridad
alimentaria y la nutrición.

Los debates mundiales sobre las respuestas políticas a esta nueva emergencia deben incluir
plenamente las voces de los sectores del MSCPI como actores más importantes para la seguridad
alimentaria y la nutrición: las y los campesinos y pequeños agricultores, los pueblos indígenas,
las mujeres, los jóvenes, las y los pastores, las y los trabajadores agrícolas y de la alimentación,
las personas sin tierra, las y los pescadores, las y los consumidores y la inseguridad alimentaria
urbana.

«El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas está dispuesto a apoyar al CSA en
la adopción de medidas significativas y decisivas para dar una respuesta política inmediata,
sólida, inclusiva, eficaz y coordinada a nivel mundial a la nueva capa de la crisis alimentaria
mundial, en consonancia con su mandato de promover la seguridad alimentaria y la nutrición, y
la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada para todos», dice el
Comité de Coordinación del MSCPI.