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COLOMBIA, UN PAÍS QUE SE HUNDE EN EL HAMBRE

Como anticipamos en nuestro informe sobre el estado del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, publicado en el mes de octubre pasado, estamos ante una realidad inminente: Colombia se hunde en el hambre. No solo nos aterran los titulares que muestran que muchas personas no alcanzan a tener ni dos comidas diarias, sino que además, cada día, al ir al supermercado, se constata el aumento en los precios de verduras, frutas y carnes. Precisamente una de las noticias más sonadas en las últimas semanas tiene que ver con el alza en los precios de los alimentos, lo cual ha impactado de manera directa en la posibilidad que tiene la población colombiana de acceder a una alimentación adecuada y con ella, garantizarse una vida digna. 

También el año anterior, la Defensoría del Pueblo, en su informe sobre desnutrición en niñas y niños menores de cinco años, había lanzado una alerta a las autoridades por el preocupante aumento de la desnutrición aguda y el bajo peso que, a tan corta edad, pone en riesgo la vida de las niñas y niños del país. Este problema se vio reflejado, por ejemplo, en las 115 muertes de niños y niñas menores de 5 años probablemente vinculadas con la desnutrición y causas asociadas, entre el primero de enero y el 4 de septiembre de 2021, y que ocurrieron principalmente en territorios donde habitan comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta vergonzosa realidad se suma a las frías estadísticas del recrudecimiento del hambre, que según datos de la ENSIN 2015, mantiene al 54,2% de los hogares colombianos en inseguridad alimentaria, es decir con la incertidumbre de no poder garantizar a diario un derecho humano, la alimentación adecuada.

Colombia vive una paradoja: somos uno de los países más biodiversos del mundo, con un gran potencial para producir una alimentación suficiente, real y natural, desde la promoción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. No obstante, enfrentamos situaciones de alarmante desigualdad, gobiernos que favorecen sólo los intereses de sectores específicos y que mantienen sumergido al país en un conflicto social y político permanente. 

A pesar de que las voces del gobierno han querido acallar esta cruda realidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) acaban de publicar un informe que, por supuesto, ha suscitado el enojo del actual gobierno. Dicho documento alerta sobre el riesgo inminente de hambre aguda que enfrentarían veinte países para el 2022. Los han denominado “Puntos Críticos de Hambre” y en América Latina y el Caribe las alarmas están puestas sobre Colombia, Honduras y Haití. 

De acuerdo con el Informe de FAO y PMA, el deterioro de la situación de acceso a los alimentos, y con ella el aumento de la inseguridad alimentaria, se debe a varios factores como la inestabilidad política, el conflicto armado, el desplazamiento interno, la crisis migratoria regional y la crisis económica, que incluye las medidas relacionadas con el manejo de la pandemia que, sin duda, ha agudizado aún más las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. 

Además de estos factores, es de suma relevancia destacar que el Informe señala cómo el retraso en la implementación del Acuerdo de Paz ha contribuido en esta situación. No en vano, hace apenas unos días, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el incumplimiento flagrante y sistemático del Acuerdo de Paz. 

El gobierno nacional, más que salir a cuestionar o desprestigiar el Informe de la FAO, en voz propia o a través de columnistas de opinión cercanos al régimen que ahora se rasgan las vestiduras porque Colombia se encuentra en un nivel de riesgo similar al de otros países en crisis de la región, debería entender, por fin, que los subsidios monetarios y sus otros programas asistencialistas con los que pretende atender los asuntos nutricionales, no van por buen camino. 

De hecho, es generando una política pública alimentaria con enfoque de derechos humanos, así como las transformaciones estructurales correspondientes, entre otras medidas, que el país superará la grave situación que enfrenta del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas y la soberanía alimentaria, así como los nuevos riesgos que han sido reportados en el informe que hoy denostan quienes son responsables de esa situación. Este gobierno y los que vengan después, deben entender que la vida está por encima de los intereses económicos de quienes vulneran los derechos humanos, y que es su obligación garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, tal como lo estipulan los estándares internacionales de derechos humanos. Solo así podrá superarse el hambre, la desnutrición y la malnutrición que afectan a niñas, niños, jóvenes y adultos en todos los rincones del país. Solo así, además, se avanzará en el camino de la paz.

En ese sentido esperamos que la alerta que da la FAO no sea desatendida, como ya ha ocurrido con muchas otras dadas por la comunidad internacional, y que sea el momento en que Colombia avance hacia la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y la soberanía alimentaria.