#ImpuestoSaludableYa: Una medida de salud pública con sentido social

Desde el año 2016, organizaciones de la sociedad civil y académicos han trabajado para que Colombia cuente con un impuesto a las bebidas endulzadas que permita disminuir su consumo que, cuando es habitual, está relacionado con el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles.  

El impuesto a las bebidas endulzadas, es una medida costo-efectiva, ha sido reconocida como una herramienta de salud pública adecuada para disminuir en corto plazo el consumo de estas bebidas y las cifras de sobrepeso y obesidad en países como México y Chile . 

Se trata de una medida de salud pública urgente y necesaria en Colombia, teniendo en cuenta que, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), uno de cada dos adultos entre 18 y 64 años en el país sufre de sobrepeso u obesidad. Es decir, el 56 % de los colombianos en este rango de edad padecen estas enfermedades. 

Derecho al agua y destinación del recaudo del #ImpuestoSaludableYA

En el marco de las discusiones de una nueva reforma tributaria, las organizaciones sociales mantienen su propuesta de impuesto saludable a las bebidas endulzadas como una medida progresiva, fundamentada en los derechos y con un sentido social.  

Teniendo en cuenta que en gran parte de las zonas rurales del territorio colombiano no cuentan con el servicio de agua potable se ha establecido que parte del recaudo de este impuesto sea destinado a garantizar sistemas de potabilización de agua en el caso de territorios dispersos e instalación de bebederos de agua potable en instituciones educativas públicas.

Es importante resaltar que en Colombia, de acuerdo con la información reportada por los municipios para el año 2018, la cobertura nacional para el servicio público de acueducto era del 87,54% para el área urbana y del 34,95% para el área rural. Más del 70% de la población que vive en las zonas rurales del país no cuenta con agua potable, lo que nos muestra la gran desigualdad y evidencia que la brecha entre la cobertura de servicio a nivel urbano y rural es gigante.  La mayor parte de las comunidades rurales se les vulnera su derecho a tener agua de calidad.

El acceso al agua de calidad para el consumo humano es un derecho fundamental para evitar las enfermedades como el cólera y la diarrea. Es importante que la población rural tenga acceso a una cantidad mínima de agua potable al día, ya que en promedio una persona debe consumir entre 1,5 y 2 litros de líquido al día dependiendo del peso, de lo contrario se pueden presentar algunos problemas de salud.  De allí la importancia de que parte de este recaudo sea destinado a garantizar fuentes de agua potable en las comunidades rurales del país y más aún que este impuesto pueda ser incluido en esta reforma tributaria.

El Caso de la vereda Camarón: La profe que junta a jóvenes de la vereda para sembrar, cuidar y proteger el agua 

En diferentes zonas rurales del país donde no cuentan con el servicio de agua potable, los campesinos y campesinas se convierten en guardianes de este preciado líquido e implementan diferentes estrategias para que no les falte. Este es el caso de la señora Angelina en la vereda Camarón, una mujer campesina y defensora de la permanencia en el territorio. 

La profe Angelina, como es conocida esta lideresa en la región de los Montes de María, manifestó que la comunidad camaronera no cuenta con el servicio de agua potable, solamente los estudiantes, los jóvenes y señores de la tercera edad pueden acceder al agua de un tanque de 50 mil mililitros que la comunidad gestionó. El resto de la población toma el agua para el consumo de un acueducto artesanal, hecho por ellos con sus propios recursos.  

Angelina junto a treinta jóvenes de la vereda siembran el caracolí, un árbol nativo del bosque seco tropical que predomina por esta región.  “Empíricamente nos dimos cuenta que donde está un árbol de caracolí siempre hay agua subterránea, lo que llamamos los campesinos ojos de agua. Entonces, viendo que el agua se secaba en todos los lugares menos donde estaba el Caracolí empezamos a sembrarlo”, afirma Angelina. Continúa: “hemos comprobado que donde hay caracolí las nubes se condensa con más facilidad y llueve con más frecuencia, es un hecho demostrable que en la vereda Camarón llueve constantemente”.

Conversamos sobre sus opiniones acerca de la propuesta de destinación del recaudo  del impuesto a las bebidas endulzadas a fuentes de agua potable en comunidades rurales y dispersas como la vereda Camarón: “La reforma tributaria debe incluir  ese impuesto obligatorio a las bebidas endulzadas, porque nosotros los campesinos nos hemos dado cuenta  que esas bebidas endulzadas acarrea muchas enfermedades en la población humana y son tan tentadoras porque tienen un sabor delicioso.  Yo diría que aditivo, que nos invita cada día a consumir más y más estas bebidas sin importar el riesgo a que sometemos nuestra salud”, sentenció.

Finalmente, Angelina hizo un llamado para que la destinación del impuesto cause impacto y ayude a solucionar las problemáticas que tienen las poblaciones rurales con relación al agua. Argumenta que hay regiones en donde las familias caminan hasta tres horas y les toca hacer filas para acceder al agua para el consumo: “Son veredas y comunidades colombianas que sufren mucho por no tener acceso a agua potable”.