Más de 20 organizaciones sociales presentaron informe conjunto en Naciones Unidas en Ginebra para alertar sobre los derechos de las mujeres en Colombia

Este martes se realizará la evaluación de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), examen que tiene lugar cada cinco años, y que marcará la hoja de ruta en este tema. Varias organizaciones sociales de Colombia estarán en Suiza llamando la atención sobre los derechos de las mujeres en un país en posconflicto.

Bogotá, Febrero 19 de 2019

En el período comprendido entre 2013 y 2018 Colombia ha vivido una serie de cambios políticos, institucionales y sociales. Uno de los más importantes ha sido el acuerdo final de paz con la guerrilla de las Farc. Fue, precisamente, en 2013 cuando se realizó la última evaluación de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que tiene lugar cada cinco años. En esta ocasión, coincide con una Colombia en posconflicto y con el primer acuerdo de paz con un enfoque de género, que tiene en cuenta las afectaciones diferenciales y desproporcionadas que tuvieron las mujeres en el conflicto armado.

Es así que las mujeres organizadas del país, en cabeza de más de 20 organizaciones sociales, se han dado la tarea de evaluar desde diferentes orillas las discriminaciones estructurales que durante años permanecieron por fuera de la agenda pública y realizaron un informe sombra para que estos temas sí entren en la agenda de Naciones Unidas y esta importante evaluación que marcará una hoja de ruta en los derechos de las mujeres colombianas.

El informe se centra en dos ámbitos: la situación de los derechos humanos de las mujeres relacionados con la construcción de la paz y los ataques contra defensoras de derechos humanos. Alerta enfáticamente en la necesidad de garantía efectiva de los principios de paridad en la esfera política para las mujeres y en la representación efectiva de las mujeres en cargos de representación y en los procesos electorales de corporaciones públicas en 2019. Todo, recordando que las medidas políticas para eliminar la discriminación y las normas previstas están muy alejadas de la realidad. Un ejemplo de esto es que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer continúa funcionando con escasos recursos financieros y administrativos.

En lo que respecta a las discriminaciones estructurales hacia las mujeres, el Informe sombra resume información sobre el período 2013 a 2018 relativa a las brechas de implementación de la Convención CEDAW, por parte del Estado colombiano, y la realidad de las mujeres, estos son algunos de los llamados de alerta que hace el informe en materia de:

Garantías de derechos humanos

  • Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal dan cuenta del crecimiento continuo de la violencia contra las mujeres que, en muchos casos, termina con la muerte. Igual sucede con la violencia sexual.
  • Según el registro de hechos delictivos relacionados con violencia sexual recibidos por la Policía Nacional en el primer semestre de 2018, el 72% fue contra menores de 14 años de edad y, de ellos, el 85% fue contra niñas.

Educación

  • El Estado colombiano continúa sin asumir su responsabilidad en relación con una formación en roles y estereotipos de género que contribuya a la eliminación de la discriminación contra niñas y mujeres. Tampoco se cuenta con avances en la estructuración de un programa de formación en derechos sexuales y reproductivos dirigido al sector educativo.
  • El Sistema Nacional de Convivencia Escolar, creado en 2013, no cuenta con mediciones de impacto que permitan conocer la situación respecto de los derechos de las niñas y la población LBT. Las iniciativas a este respecto continúan siendo obstaculizadas por sectores conservadores.

Explotación sexual

  • En lo relativo a la trata de personas y la prostitución, se conoce que el 72% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad. Las deficiencias en la información obstaculizan aún más la lucha en contra de este mal.
  • Frente a esa situación, en 2016 solo una víctima de trata recibió protección por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Participación política

  • En la participación de las mujeres en la vida política y pública persiste la discriminación. Preocupa que, en la discusión en el Congreso de la República de la reforma política propuesta por el gobierno, en la que las listas cerradas podrían viabilizar la propuesta de alternancia entre los sexos en las listas de los partidos y movimientos políticos para garantizar la paridad, fue eliminada en la última legislatura dicha propuesta.
  • En toda la historia del país solo 6 mujeres afrodescendientes han logrado llegar al Congreso de la República y su participación en otras instancias es menor que la de las mujeres mestizas.
  • Se solicita al Comité recomendar al Estado colombiano cumplir con su compromiso de paridad en la discusión de la reforma política que actualmente se adelanta en el Congreso que incorpore listas cerradas con alternancia y avanzar en una mayor representación de las mujeres indígenas y afro en todos los espacios de toma de decisiones.

Empleo

  • La discriminación contra las mujeres en el empleo persiste: la tasa de desempleo es del 12% para las mujeres mientras que para los hombres es de 7,1%, y en jóvenes es de 21,6% para mujeres y 11,9% para hombres.
  • El salario de las mujeres continúa siendo en promedio menor que el de los hombres con una brecha del del 19%.

 

Salud

  • No existe un sistema de información desagregado sobre prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo y persisten las barreras de acceso frente a este tema en los casos despenalizados por la Corte Constitucional.

Mujer rural

  • En 2016 fueron asesinadas 138 mujeres y otras 2.161 fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el área rural.
  • Se ha incrementado la criminalización y el asesinato de mujeres defensoras de DD. HH. y del medio ambiente después de la firma del Acuerdo de paz; esto a pesar de la creación de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de DD. HH.
  • La violencia sexual es utilizada con frecuencia por parte de los grupos armados al margen de la ley para desarticular liderazgos femeninos y generar terror en las comunidades. De 143 lideresas y defensoras acompañadas por la Defensoría del Pueblo13, el 16,78 % fue víctima de violencia sexual.
  • Adicionalmente, estas mujeres enfrentan mayores barreras para la restitución de tierras. El acuerdo final de paz prevé políticas específicas, las cuales se encuentran rezagadas en su implementación.

Mujeres lesbianas, bisexuales y trans

  • Pese a los avances legales para garantizar derechos de lesbianas, mujeres bisexuales y trans, la violencia en su contra no ha disminuido y los prejuicios siguen siendo una barrera de acceso a la justicia, salud, educación y trabajo.
  • La pasividad del estado frente a discursos discriminatorios ha puesto en riesgo la implementación del acuerdo paz con un enfoque que reconozca los impactos desiguales que tuvo la guerra frente a mujeres LBT.
  • En cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo, a pesar de que varias sentencias han ordenado su reconocimiento legal, en la práctica funcionarios y funcionarias públicos acuden a dilaciones injustificadas.

Defensoras de derechos humanos

  • La violencia vinculada a actividades económicas ilegales en contextos de disputa entre grupos armados ilegales y el crimen organizado y la consolidación de grupos armados y organizaciones criminales, están generando violaciones graves a los derechos humanos de toda la población con efectos diferenciales en las mujeres.
  • En el último periodo se ha destacado la extrema violencia y sevicia contra las defensoras, evidenciada en los cuerpos de algunas mujeres asesinadas, en los que se han encontraron marcas de género que pasan por la violencia sexual y la tortura.
  • El gobierno ha creado varios programas de protección y garantías que fallan en su implementación y durante la actual administración nacional se observa falta de voluntad política para hacerlos efectivos.