Industria interfiere negativamente en la adopción de políticas públicas contra la malnutrición en Colombia

Existe en Colombia una gran preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, acerca de la fuerte interferencia de actores privados, en especial la industria de productos comestibles ultraprocesados (PCU), en los procesos de formulación, adopción e implementación de decisiones normativas o de política pública relacionados con la salud alimentaria, especialmente contra medidas que buscan enfrentar la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) derivadas.

En el último año, por ejemplo, impidió la aprobación de un proyecto de ley liderado por organizaciones de derechos humanos que exigía regular la publicidad, promoción y patrocinio de comida chatarra dirigida contra niñas, niños y adolescentes. También desfiguró un proyecto de ley que en su forma original buscaba la implementación de un efectivo etiquetado frontal de advertencias.

En el caso específico del proyecto de ley que buscaba la implementación de un efectivo etiquetado
frontal de advertencia, los cambios hechos bajo presión de la industria hacen que sea una iniciativa legislativa muy favorable a sus intereses, riesgosa para la salud pública, e inocua para prevenir la obesidad y las ECNT. De hecho, desligan el asunto del proyecto y el problema que aborda, de la necesidad de enfrentar efectivamente la obesidad y las ECNT; suprimen la discriminación fundamental del nivel de procesamiento de los “alimentos”, llegando a calificar como tales a la generalidad de las bebidas (incluyendo las bebidas azucaradas y endulzadas) y el chicle; y, eliminan la necesidad y obligación de un etiquetado frontal que incorpore advertencias sanitarias.

¿Cómo pueden las instancias de derechos humanos, especialistas y agencias del Sistema de
Naciones Unidas apoyar la salud de los y las colombianos?

 Exigir o recomendar al Estado colombiano la implementación de medidas legislativas y de política pública efectivas para enfrentar la malnutrición, la obesidad y las ECNT asociadas, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Entre ellas se destacan: la promoción de impuestos saludables; la regulación de la publicidad de PCU dirigida contra niñas, niños y adolescentes; la obligatoriedad de un etiquetado frontal de advertencia realmente informativo en los alimentos; y la generación de entornos escolares saludables que favorezcan hábitos alimentarios adecuados. En igual sentido, que impida la interferencia de la industria
en los procesos de formulación e implementación de dichas normas o políticas.

 Recordar al Estado colombiano que las medidas legislativas y de política pública en la materia, deben incorporar un enfoque de derechos humanos y atender las recomendaciones hechas por instancias como la OMS y la OPS.

 Recomendar al Estado colombiano que las organizaciones de derechos humanos que impulsan este tipo de iniciativas tengan acceso, no censurado, a los medios de información y comunicación con el fin de orientar a la opinión pública sobre las acciones legislativas que promueven. De igual forma, abstenerse de impulsar acciones de estigmatización y/o criminalización contra las organizaciones que impulsan dichas iniciativas.

Descarga Interferences la publicación realizado en coordinación con las organizaciones Red Papaz, DeJusticia y Educar Consumidores.