Asignación de bonos con dineros públicos para la industria de las gaseosas.

El periodista científico francés Jean Marc Dupuis reseñó en la revista electrónica “Lettre de Santé Nature Innovation” del Instituto de la Salud Natural de Francia, el comentario titulado “Novedad: Asignación pública para Coca Cola” en referencia a la noticia del New York Times publicada el pasado 13 de enero sobre el programa de asistencia de suplementos a la nutrición en Estados Unidos. (https://www.nytimes.com/2017/01/13/well/eat/food-stamp-snap-soda.html).

Según Dupuis, en su artículo del pasado mes de febrero, desde la crisis de 2008, el número de norteamericanos que reciben asignaciones económicas de dineros públicos para comprar comida pasó de 28 millones a 45,4 millones de dólares, es decir, un aumento del 62 %, beneficiando a un norteamericano de cada siete. Esta iniciativa se realizó a través “cheques de alimentación”, (food satmps), distribuidos por el gobierno federal a personas con salarios bajos, y que deben servir para comprar alimentos.

El estudio realizado por el Programa de Asistencia a Complementos Nutricionales de EEUU (SNAP) en 2016, examinó los datos de las transacciones hechas a través de estos cheques durante el año 2011 analizando cerca de 1 billón de registros transaccionales) y encontró que estos subsidios sirvieron para comprar mayoritariamente gaseosas (sodas) de las marcas Coca-Cola o Fanta, bebidas azucaradas como Nestea, Red Bull, y jugos “de frutas” de concentrados con azúcar agregada, principalmente.
Este volumen de compras representa una subvención equivalente a más o menos 600 litros de gaseosas por año por familia de cuatro miembros, incremento que para Dupuis representa “una asignación económica con dineros públicos para Coca-Cola”.

Analizando el informe SNAP, los cheques de subsidio alimentario debían tener por objeto mejorar los aportes nutricionales de sectores desfavorecidos de la población, situación que no ha ocurrido. De hecho, las personas no tienen posibilidades de seleccionar una alimentación y nutrición más saludable, quedan condicionadas a adquirir esos productos comestibles ultraprocesados y el consumo de legumbres y frutas es apenas de 7,2 y 4,7 %, respectivamente.

Las hipótesis que este estudio deja abiertas son: ¿por qué el estado utiliza los recursos públicos para, a través de los cheques, favorecer las ventas e intereses de las empresas de productos comestibles ultraprocesados?, ¿cómo y por qué los consumidores de sectores desfavorecidos económicamente tienen menores posibilidades y capacidades para seleccionar y adquirir, con estos subsidios, alimentos sanos?, ¿por qué el estado no cambia esta situación teniendo en cuenta que con ellos se vulnera el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada?.

Sin duda, son temas de interés que, abordados desde las Ciencias Sociales, pueden establecer la relación entre el papel del estado y el sector privado en la imposición de ciertos consumos y las preferencias / restricciones que para el acceso a los alimentos y la nutrición saludable tienen las personas.

Hernando Salcedo Fidalgo. MD., Msc., C.PhD.
Coordinador Línea de Nutrición FIAN Colombia.