Comité DESC de Naciones Unidas (CDESC) alerta sobre desnutrición e incremento de sobrepeso y obesidad en Colombia

 05-10-17 (Bogotá) El Comité de las Naciones Unidas sobre Derecho Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) expresó hoy su preocupación sobre el estado de desnutrición e incremento del índice de sobrepeso y obesidad en la población de Colombia tras una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país.

“Preocupa las disparidades existentes relativas al derecho a una alimentación adecuada, de una parte el índice crítico de desnutrición e inseguridad alimentaria en algunas regiones y por otra parte el creciente índice de sobre peso y obesidad”, publicó el CDESC en su informe anual.

Así mismo, recomendó al Estado colombiano adoptar medidas para proteger y promover el derecho a una alimentación adecuada de la población, “en el marco [de] la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se recomienda [formular] una estrategia nacional integral de protección y promoción del derecho a una alimentación adecuada a fin de superar la inseguridad alimentaria en todo el territorio del Estado parte y fomentar una alimentación más saludable”[1]

Precisamente, el pasado 25 de julio se radicó en el Congreso de la República un Proyecto de Ley (022 de 2017), promovido por el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Víctor Correa, y apoyado por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FIAN Colombia, que busca regular la publicidad de productos comestibles ultraprocesados (comida chatarra) dirigida hacia niñas, niños y adolescentes en el país, práctica que incrementa las cifras de obesidad infantil en el país.

La epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles se relaciona, muy estrechamente, con el consumo de productos comestibles ultraprocesados, tales como empaquetados, bebidas azucaradas, bebidas achocolatadas, galletas, entre otros. Para Juan Carlos Morales, director Ejecutivo de FIAN Colombia, estos productos, conocidos habitualmente como “comida chatarra”, son ampliamente publicitados en nuestro país sin ningún tipo de control efectivo por parte del estado.

“La mayoría de alimentos promocionados en medios de comunicación tienen demasiadas calorías y un aporte nutricional bajo”, resalta el manuscrito realizado este año por la Pontificia Universidad Javeriana titulado “Marketing de alimentos y bebidas no saludables dirigido a la población infantil”.

“Por supuesto, las niñas, niños y adolescentes, son objetivo predilecto de las empresas que promocionan o incitan al consumo de estos productos; algo realmente preocupante si se tiene en cuenta que, según los datos de ENSIN (2015), uno de cada cuatro niños y adolescentes tiene exceso de peso en Colombia”, refiere Morales.

El pasado 11 de octubre, al interior de la Comisión Sexta, el primer debate del Proyecto de Ley 022 de 2017, presentado por el Representante a la cámara por el Polo Democrático Víctor Correa Vélez, no inició, ni siquiera su primera discusión.

“Se logró agendar debate del proyecto de ley 022 en la pasada sesión de comisión VI; sin embargo los representantes Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Wilmer Ramiro Carrillo, Diego Patiño Amariles, Atilano Alonso Giraldo Arboleda y Martha Patricia Villalba Hodwlaker, firmaron una proposición para no realizar el debate hasta que se haga una audiencia pública y dilatar más su discusión. Es claro que hay presión para no hacerlo”, explicó el representante Correa

“Preocupa que dentro del Congreso se dilaten los esfuerzos que se realizan para controlar la publicidad de productos ultra procesados dirigida a niñas, niños y adolescentes en los diferentes medios y plataformas comunicativas”, señala Morales.

 “Además que la máxima instancia mundial en derechos económicos sociales y culturales haya recomendado al Estado que implemente acciones para proteger el derecho a la alimentación y garantizar una alimentación más saludable, es una razón más que suficiente para que Colombia ponga en marcha acciones rápidas y estructurales que ataquen los problemas denunciados por el Comité. Problemas que, por cierto, ya conocen los expertos en salud y derechos humanos en Colombia”, resalta.

En razón de los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos, el Estado colombiano tiene una serie de obligaciones frente al derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Estas implican, incluso, asegurar que toda la población acceda a alimentos realmente nutritivos que les garanticen su bienestar y salud. El cumplimiento de esas obligaciones se hace más urgente, cuando la sociedad enfrenta problemáticas de salud pública como la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas (diabetes, cáncer, etc.).

De acuerdo con pactos internacionales del derecho a la alimentación, la garantía de este derecho no se circunscribe, únicamente, a la provisión de una serie de alimentos que permitan a las personas o comunidades comer cuando lo necesitan y alimentarse y nutrirse con lo justo.

El derecho a la alimentación involucra cada uno de los elementos o aspectos que hacen posible, desde la semilla a la recreación de la vida, que el ser humano se alimente y nutra con dignidad, de manera adecuada y saludable, y en consonancia con sus reales necesidades y pertenencia cultural.

“Es por esta razón que dada la problemática, ampliamente conocida incluso a nivel internacional como lo dejó ver los comentarios del CDESC, preocupa que dentro del Congreso estas iniciativas no progresen, se ponga en duda la magnitud del problema o el grave perjuicio a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. También inquieta la posibilidad de que tras este entorpecimiento, se escondan acciones de cabildeo de poderosos sectores empresariales, quienes ven con malos ojos las acciones propuestas por el mencionado proyecto de ley”, concluye Morales.

 

 

 

 

 

[1] Ver: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/COL/CO/6